Hace pocos días Uruguay lanzó el proceso de reforma de la seguridad social. La Ley había dispuesto la creación y funcionamiento de una Comisión de Expertos de 15 miembros. A este propósito se dio curso por Decreto de 15 de octubre de 2020 y el 5 de noviembre siguiente quedó instalada la Comisión.
Esta Comisión tiene un plazo de 90 días para realizar un diagnóstico de la seguridad social y por donde deberían ir los cambios para salir de la difícil situación actual. Luego, la Comisión tiene un plazo de 90 días para elaborar un anteproyecto de ley, el que entregará al Poder Ejecutivo (PE).
El PE analizará este documento y luego de ello enviará un proyecto de ley al Parlamento con su propuesta de reforma. El camino de debate en el Parlamento será largo y dificultoso por lo sensible del tema. Sin duda que se producirán cambios en la configuración de la causal de jubilación común para las generaciones futuras, respetando los derechos adquiridos o próximos a adquirir bajo el régimen hoy vigente. Se espera que en dos años y medio tengamos una ley aprobada de reforma del sistema de seguridad social.
La última reforma del sistema de previsión social (jubilaciones y pensiones) data del año 1995, que entró a regir el 1º de abril de 1996. La innovación de esta reforma es que creó un sistema mixto con dos pilares: un primer pilar intergeneracional, con aportes al sistema estatal, y, por otro lado, un pilar de ahorro individual obligatorio, con aportes jubilatorios del trabajador a una cuenta de ahorro personal abierta en una Administradora de Fondos (AFAP).
Estamos próximos a cumplir 25 años de esta reforma y nos encontramos con un sistema de seguridad social, que, en todos sus ámbitos de afiliación, tienen déficits importantes, que no hacen sostenible al sistema. De allí entonces encarar una reforma que en el mediano y largo plazo logre el equilibrio financiero.
Pero la reforma por sí sola no es suficiente. Y ello porque los ingresos de la seguridad social dependen del incremento sostenido del número de aportantes y que los que hoy ya tienen causal jubilatoria, difieran su retiro para no cargarlo con más egresos. El aumento de aportantes depende de la reactivación de la economía, con más inversión productiva, con la consecuente creación de nuevos empleos.
En la actualidad, con la pandemia Covid-19 todos los sistemas de seguridad social se han resentido en sus ingresos, y Uruguay no ha escapado a esta tendencia. El decrecimiento de la actividad económico trabajo una disminución de los puestos de trabajo existentes y poca creación de empleo. Y en forma concomitante, aumentaron los egresos por concepto de subsidios por desempleo y enfermedad. Esta es la peor combinación: disminuyen los ingresos y aumentan los egresos, lo que profundiza aún más el déficit.
Sin duda que la reforma va a ser profunda en lo que refiere al pilar intergeneracional, que es el que genera más egresos por jubilaciones y pensiones. Seguramente la línea de la reforma transitará por un aumento combinado de los dos requisitos acumulativos para configurar la causal común (edad y años de servicios), la modificación de la tasa de reemplazo (porcentaje que se aplica sobre el promedio actualizado de ingresos) y el otorgamiento de incentivos para diferir el retiro para no sobrecargar el sistema.
Pero también el segundo pilar de ahorro individual obligatorio tendrá cambios, básicamente en lo que refiere a una apertura mayor de la inversión de los fondos ahorrados, de manera de obtener una mayor rentabilidad. Ya se ha expresado que se crearán varios sub fondos con ranking de edades del afiliado y riesgos asociados. Es decir, cuando se es más joven se podrá invertir con mayor riesgo, pero mejor rentabilidad, y a medida que avanza en edad, se optará por inversiones de menor riesgo y menor rentabilidad.