La Ley uruguaya obliga a que la negociación colectiva por aumentos de salarios y licencia sindical se desarrolle en forma tripartita, esto es, entre el gobierno y los actores sociales, y por ramas de actividad económica. Si los actores sociales no se ponen de acuerdo, el gobierno decide con su voto los aumentos de salarios. El gobierno actúa como parte en la negociación y como arbitro salarial, dos calidades que no son compatibles[1].
Según el último informe oficial de la octava ronda de negociación 2020, de las 31 mesas de negociación culminadas, 17 fueron acuerdos tripartitos, 12 se decidieron con voto del gobierno y un actor social, y 2 se van a decidir por Decreto del gobierno. Restan 4 mesas de negociación aun no culminadas, pero todo indica que o bien se decidirá por votación o por Decreto. Si consideramos estas 4 mesas, prácticamente en el 50% de los aumentos de salarios, el gobierno con su voto o con Decreto decidió como árbitro salarial.
Este modo de negociar tripartito en forma obligatoria y con cariz de arbitraje salarial del gobierno en caso de no acuerdo entre los actores sociales, fue cuestionado por la OIT en marzo de 2010 en adelante, y hasta nuestros días.
En el último informe de la Comisión de Expertos en Convenios y Recomendaciones de la OIT publicado en febrero de 2021, se hace notar que de acuerdo con el art. 4º del Convenio núm. 98, la fijación de las condiciones de empleo debería ser el fruto de un acuerdo entre los actores sociales. La Comisión pide al gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar la negociación colectiva bipartita, y solo reserve la negociación tripartita para el caso de no acuerdo en la fijación de salarios mínimos.
Pese a que transcurrieron más de 10 años de las reiteradas observaciones de la OIT al sistema de negociación tripartita obligatoria uruguaya, se sigue manteniendo el régimen legal, siguiendo la misma inercia de convocar a los órganos tripartitos por rama de actividad (Consejos de Salarios), donde en la previa al inicio de la negociación, el gobierno emite sus lineamientos salariales que van a llevar a adelante sus negociadores en cada mesa de negociación.
Hace unos días el nuevo gobierno iniciado en marzo de 2020, instaló una Comisión tripartita para negociar un proyecto de ley, con el fin de cumplir las recomendaciones de la OIT. En el pasado también se hizo lo mismo, y no se llegó a ningún acuerdo.
El tema central es que hay un disenso claro entre los actores sociales: mientras la Central sindical y el nuevo gobierno quieren mantener los Consejos de Salarios (negociación colectiva tripartita), los empleadores piden que la negociación sea bipartita conforme lo que establecen los Convenios de la OIT núms. 98 y 154, ambos ratificados por Ley en Uruguay.
Mi propuesta es que, al no existir este acuerdo social, habría que actuar con pragmatismo. El gobierno debería establecer para la novena ronda de negociación de julio de 2021, un cronograma de negociación colectiva bipartita, en sectores de actividad de larga tradición, con Cámaras empresariales y sindicatos fuertes.
Entiendo que los actores sociales ya están maduros para emprender este camino de la negociación bipartita sin participación del gobierno, dejando atrás el anacrónico instrumento Consejo de Salarios, nacido a mediados del siglo XX. Hoy en el Siglo XXI hay que modernizar la negociación colectiva y dejar el anclaje del modo de negociación tripartita del siglo pasado.
En junio de 2021, si se supera la pandemia, tendrá lugar la Conferencia General de la OIT. En los meses previos a la Conferencia, el gobierno tendría que ir con una propuesta para superar la negociación colectiva tripartita y lucir que hay un avance hacia el modo de negociación colectiva bipartita. De lo contrario, corremos el riesgo de estar nuevamente en la lista de casos a ser examinados por la Comisión de la Conferencia General de la OIT, como ya estuvimos en el 2019.
[1] Este tema fue el centro de una entrevista que me realizó el periódico La Diaria (Montevideo, Uruguay), el 24 de noviembre de 2020.