El Fondo de Reconversión Laboral (Fondo) fue creado en 1992 para dar cursos de capacitación y recapacitación a trabajadores que estuvieren en el seguro por desempleo. En 1996 se amplió la cobertura a trabajadores rurales desocupados, a trabajadores que se capaciten en el marco de convenios colectivos y a grupos con dificultades de inserción laboral o que estuvieren desocupados porque se quedaron sin empleo por la incorporación de nueva tecnología.
Este Fondo se financiaba con el aporte del 0,25%, donde empleadores y trabajadores aportaban por partes iguales, un 0,125% aplicado sobre las retribuciones, y era administrado por una Junta Nacional de Empleo (Junta) de tres miembros de cada sector (gobierno, empleadores y trabajadores). Esta Junta funcionada en la órbita del Ministerio de Trabajo. Este Fondo logró acumular un importante monto y era solvente.
Esta historia cambió en el 2008 donde se sustituyó a la Junta por un Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), con competencias en ambas áreas. Se le encargó la administración del Fondo. Este Instituto tiene ocho miembros, cada uno con remuneración alta (70% del sueldo de un Ministro para siete de ellos), con facultades para contratar empleados regidos por el derecho laboral privado. Contra los recursos del Fondo, puede destinar hasta un 20% de la recaudación anual del mismo para gastos de funcionamiento.
En adición a este costo, en el curso de los años 2015 a 2019 se agregó que el INEFOP podía aplicar recursos del Fondo, para financiar proyectos ajenos a la típica formación profesional. Por ejemplo, dar créditos a emprendimientos productivos que generen empleo, dar apoyo económico para la formación en negociación colectiva, hacerse cargo de subsidios a la creación de empleo juvenil, financiar los gastos de la certificación de competencias profesionales, dar apoyo a los clasificadores de residuos.
El resultado de todos estos cambios con la consiguiente afectación de los recursos del Fondo a actividades estrictamente no vinculadas a la formación profesional, y a los gastos de funcionamiento (sueldos altos de los integrantes del Consejo Directivo y la contratación de más de 150 empleados), se operó un déficit. En los años 2017 y 2018, acumuló pérdidas por veinte millones de dólares[1]. En el informe de auditores se destaca un préstamo importante a un emprendimiento productivo autogestionado por los trabajadores que fracasó, que hoy es incobrable. Otras sumas importantes fueron destinadas a la formación en negociación colectiva.
O sea que un Fondo creado originalmente para la formación profesional de desempleados cubiertos por el subsidio por desempleo y de otros colectivos desocupados (rurales y aquellos con baja calificación), que tenía superávit, devino en un Fondo deficitario por razones estructurales y por ampliación de coberturas ajenas a la formación profesional, en tanto se hizo cargo de apoyos de diversa índole a la creación de empleo.
Pero la política de seguir desfinanciando el Fondo no culminó allí. Resulta que en el 2018 se aprueba la Ley de insolvencia patronal, que crea un fondo con cargo a los empleadores. Lo que se hizo fue disminuir el aporte al Fondo de Reconversión laboral, quedando en 0,10% a cada parte. Pero el porcentaje que dejaron de aportar los empleadores por efecto de esta reducción, del orden del 0,025%, se obligó a que lo sigan haciendo para financiar el Fondo de insolvencia patronal.
Hoy el Fondo de insolvencia patronal recaudó en el 2019, una suma aproximada a un millón ochocientos mil dólares, que duerme en una cuenta abierta en el Banco de Previsión Social, sin ningún mecanismo de indexación o de inversión.
Mientras tanto el Fondo de Reconversión Laboral acumuló las pérdidas mencionadas, las que se van a ir agrandando en mérito a que a partir del 1º de enero de 2019 se le quitó un 0,05% aplicado sobre las remuneraciones (este porcentaje es la suma de 0,025% que cada parte dejó de aportar al Fondo).
O sea que si al millón ochocientos mil dólares que dejaron de aportar los empleadores, se le suma un monto igual que tampoco aportaron los trabajadores, a partir de 2019 al Fondo le quitaron durante este año, tres millones seiscientos mil dólares.
Esta importante suma de dinero del 2019 y la que se genere en años sucesivos si no se hacen reformas, se las detrajo de la formación profesional, lo que constituye un desacierto. En un contexto en que en los últimos cinco años se perdieron más de 60.000 empleos, la lógica indicaría que debería apostarse fuertemente a atender a esas personas desempleadas, con un programa de formación profesional, de acuerdo a los perfiles que requiere el mercado de trabajo.
Ante este crítico panorama, urge realizar reformas, que deberían ser encaradas por el nuevo gobierno electo que entra en funciones en marzo 2020. Algunas líneas de la reforma que debería emprenderse, la abordaremos en la próxima entrega.
[1] Diario El Observador, edición digital del 15 de agosto de 2019.