En Uruguay, y luego de un segundo escrutinio, quedó confirmado que el Presidente de la Nación, será el Dr. Luis Lacalle Pou, quien fue apoyado por una coalición de partidos de la actual oposición. Esto es un hecho histórico, que significa el desplazamiento democrático del gobierno de izquierda, que estuvo en el poder durante 15 años.
Comienza un nuevo tiempo de renovación de ideas y acciones, y una esperanza de que se hagan realidad, los profundos cambios transformadores en varias áreas de la realidad nacional, que necesitan una urgente mejora (salud, seguridad pública, educación, empleo, vivienda, entre otras).
En materia de relaciones laborales, con la asunción del nuevo gobierno el 1º de marzo de 2020, se aguarda que se lleven a la práctica, los compromisos asumidos en el documento “Compromiso por el país” (Compromiso), suscrito con anterioridad a la segunda vuelta electoral realizada el 24 de noviembre de 2019.
En la pág. 38 de ese documento, se expresa: “Nuestro compromiso es desarrollar un sistema de relaciones laborales que atienda a los legítimos intereses de todas las partes, y que favorezca la búsqueda de acuerdos como alternativa a la cultura del conflicto”.
El primer compromiso, entonces, es restablecer el equilibrio en el tratamiento de los intereses laborales, tal como estaba en los programas de gobierno de los partidos coaligados. En el gobierno de izquierda, era a ojos vista, y así lo experimenté en mi práctica profesional, que sus intereses estaban primordialmente focalizados en favorecer a los sindicatos en sus demandas, en desmedro de los empleadores. Esto se acentuaba en la negociación de los conflictos laborales, donde la salida propuesta por el gobierno, era siempre a favor de los trabajadores.
Los partidos coaligados asumieron el deber de que esto no va a suceder, y que por tanto, sin resignar al diálogo constante con los actores sociales, se va a asumir una actitud de atenta escucha, y de aportar propuestas, que no tengan detrás ningún preconcepto ideológico de favorecer a una de las partes. El gobierno es un actor político y como tal, solo debería ayudar, colaborar, trabajar en equipo con los actores sociales, para lograr que éstos, con sus propias herramientas de diálogo y negociación, logren consensos.
El segundo compromiso refiere a la negociación colectiva. Reafirman que se van a mantener en funcionamiento los Consejos de Salarios. Este es un órgano de integración tripartita (gobierno y actores sociales), donde se fijan los aumentos de salarios y los salarios mínimos por categorías, y la licencia sindical.
La idea central, según el Compromiso, es “defender el poder de compra del salario, y en particular, de los salarios sumergidos”. El gobierno entrante va a seguir con la política de poner a consideración de los actores sociales, lineamientos generales para la negociación colectiva de salarios, los que podrán ser ajustados en función de la realidad de cada sector de actividad.
En este marco, se propone crear un Consejo Técnico tripartito que provea de información sobre el estado de situación económica de cada sector y subsector de actividad. Este insumo permitirá negociar salarios más acordes a la realidad de cada sector de actividad.
La idea del Compromiso es “avanzar hacia convenios sectoriales que reflejen la diversidad de situaciones y las condiciones económicas particulares de los diferentes sectores”. Aquí va a entrar la ponderación de factores, tales como, ubicación y tamaño de las empresas del sector, mercados a los que vende sus productos y servicios, realidad económica del sector, lugar donde operan las empresas que integran el mismo, etc.
Se expresa en el Compromiso que para que el salario crezca por encima de la inflación, esto es, para que exista una mejora del salario real, se tendrán que acordar acciones concretas para mejorar los niveles de productividad.
Serán los actores sociales los que tendrán que negociar y acordar sobre cómo se encara el tema del aumento de la productividad, cuyo resultado sea “ganar-ganar”. Esto requiere un fuerte compromiso de ambas partes y hacer realidad el trabajo en equipo, sin apego a la ideología perimida de “lucha de clases”, tan promovida por algunos sectores del sindicalismo nacional, a la cual, las nuevas generaciones de trabajadores van dejando de lado.
El tercer compromiso es levantar las observaciones efectuadas por la OIT a la ley de negociación colectiva. Esto debe materializarse en una modificación de la Ley 18.566, sobre negociación colectiva. Para ello, los partidos coaligados deberán consensuar un proyecto de ley con los actores sociales, que se enviaría por el Poder Ejecutivo al Parlamento. Si no hay acuerdo con los actores sociales, igual el gobierno tendría que enviarlo para cumplir con el Compromiso.
Aun cuando esto ocurra, los Consejos de Salarios van a seguir funcionando tal como lo establece dicha norma. Pronosticamos que el tránsito legislativo va a ser lento, donde los partidos de izquierda que van a conformar la futura oposición, pondrán trabas y se coaligarán con la Central sindical para que no se apruebe.
Será un tema muy álgido y en mi opinión, será muy difícil cumplir con las recomendaciones de la OIT. Téngase en cuenta que cumplir con estas recomendaciones, implicará cambiar la matriz de la negociación colectiva, donde se deberá mutar la negociación tripartita en los Consejos de Salarios, por una negociación colectiva bipartita.
Esto se contrapone con el propio Compromiso, que aboga por mantener la negociación tripartita en los Consejos de Salarios, con algunas variantes en cuanto a la dinámica y contexto de la negociación.
Por tanto, y en virtud de mi conocimiento de la realidad nacional, la OIT tendrá que seguir esperando y nuestro país tendrá dificultades internas serias para cumplir con las recomendaciones de dicho Organismo. Aun cuando los partidos coaligados logren modificar la Ley 18.566 sobre negociación colectiva, ello tendrá un alto costo en la paz laboral, que seguramente nadie querrá asumir.
El cuarto compromiso es “legislar para crear Tribunales de Conciliación y Arbitraje, e incorporar en la legislación mecanismos supletorios de resolución de conflictos”. En buen romance, se proponen ampliar los medios de prevención y solución de conflictos, con el fin de cumplir lo que establece la Constitución nacional (art. 57). Esta norma dispone que la Ley debería promover la creación de Tribunales de Conciliación y Arbitraje.
Entre las diez medidas que propuse en el año 2014 para mejorar las relaciones laborales, una de ellas era crear un Centro privado de Conciliación y Arbitraje, con financiación por parte de los actores sociales, con una dirección técnica profesional, y con conciliadores y mediadores independientes. De esta forma, con este servicio se cumpliría con el objetivo de despolitizar y desideologizar la resolución de conflictos laborales, poniendo este tema en manos de profesionales de la negociación, sin participación del gobierno.
Finalmente, en el Compromiso no figura qué se va a hacer con el Decreto 165/2006, que regula las ocupaciones de los lugares de trabajo. Sin embargo, en los programas de gobierno de los cinco partidos hoy coaligados, se asumió el compromiso de derogarlo. Entiendo que este tema ya está suficientemente debatido, y es hora de dar una señal de que en Uruguay se respetan los derechos constitucionales (libertades de trabajo y de empresa y derecho de propiedad), que son vulnerados con la ocupación de los lugares de trabajo y los piquetes sindicales. Por este motivo, el nuevo gobierno debería derogarlo.
El año 2020 y los siguientes serán de gran desafío para todos, en tratar de armonizar intereses y lograr una relativa paz laboral. Será de responsabilidad del gobierno y de los propios actores sociales, trabajar en pos de la mejora de la producción y la productividad, y de tener un mejor clima de relaciones laborales, donde la negociación y el diálogo sea la herramienta esencial, y el conflicto sea el último recurso.