La práctica intensa del diálogo social
Un aspecto central en las relaciones laborales es que los actores sociales y el gobierno tengan un ámbito de diálogo permanente, para tratar temas relevantes que son transversales a todos los sectores de actividad. En particular, es de regla que si el gobierno se propone regular algún asunto de las relaciones laborales, debería someterlo previamente a consulta con los actores sociales.
Este ámbito de diálogo debería tener sustancia y ser productivo, donde los aportes que realicen los actores sociales a las normas proyectadas, sean recogidos o tenidos en cuenta al menos parcialmente por el gobierno.
Si el gobierno solo recoge los aportes de uno de los actores sociales formando con el mismo un solo bloque en la defensa de la regulación que propuso, esto genera una insatisfacción en el otro actor social, que visualizaría al diálogo como un mero montaje formal, para dar la apariencia de participación de todos los sectores.
El actor social perjudicado quedaría en una situación de indefensión, que haría caer la virtud del diálogo mismo y se generarían conflictos. La política de alianza del gobierno con uno de los actores sociales desestimula el diálogo y coloca al otro actor social no aliado en situación de minoría, lo que en nada favorece a la democracia y a la concertación sana y equilibrada de los intereses.
Un auténtico diálogo y negociación implica que cada sector haga sus aportes, se visualicen y celebren los consensos, aunque sean parciales y se traten de dirimir las diferencias, mediante concesiones recíprocas. Lo que no es admisible es que el gobierno finalmente termine recogiendo su posición, sin ceder ni contemplar los aportes de las demás partes.
Por ejemplo, el ámbito de diálogo social tripartito que se inicia el próximo 26 de junio del presente año, para negociar un proyecto de ley que cumpla con las recomendaciones de la OIT sobre cambios en la ley de negociación colectiva, será un test importante para medir el grado de flexibilidad del gobierno para aceptar los aportes de los actores sociales.
Respecto del diálogo social laboral, la OIT afirma que cuando los intereses de los actores sociales no coinciden entre sí y el gobierno proyecta tomar decisiones o aprobar normas que pueden afectar los mismos, es fundamental que dichos actores participen en el proceso y expresen sus puntos de vista, de manera de influir en las decisiones finales. De esta forma, el gobierno y los actores sociales pueden establecer de consuno un equilibrio adecuado entre los intereses que están en juego.
En este marco, la propuesta es hacer un relanzamiento del Consejo Superior Tripartito, como un órgano permanente de diálogo social. En este Consejo participan las organizaciones más representativas de los empleadores y trabajadores y el gobierno. Hasta ahora dicho Consejo ha tenido una frecuencia irregular de reuniones, no pautada, y en general se reúne con más intensidad en oportunidad de lanzarse la ronda de negociación colectiva en el Consejo de Salarios.
La idea es que sea un ámbito permanente, con una cadencia regular de reuniones, con una agenda de temas globales propuestos por las partes, relativos al funcionamiento de las relaciones laborales y los nuevos proyectos de ley que estén a estudio del Parlamento.
El Consejo puede aportar la visión social y del gobierno respecto de estos documentos a estudio, y el Parlamento recoger estos aportes, con el fin de enriquecer el proyecto de que se trate. También el Consejo puede elaborar sus propias propuestas y remitirlas al Parlamento para su estudio y posterior articulación en un proyecto de ley.