Imparcialidad en la mediación de los conflictos laborales
La experiencia nos enseña que pese a los esfuerzos, en más o en menos, los conflictos laborales se producen. Provocan un dispendio de energías y de tiempo, y un desgaste de las relaciones interpersonales. Luego de transcurrido, las partes recién se dan cuenta de que hubiera sido más productivo, haber seguido negociando con paciencia y persistencia y haber evitado el conflicto.
En este mar humano de conflicto de intereses, los actores sociales disponen del instrumento del diálogo para tratar de autocomponer las diferencias que mantienen. Es en esta etapa, donde se requiere una minuciosa atención y profesionalismo en la gestión del disenso, y trabajar en forma incansable hasta llegar a un acuerdo.
Si esto no prospera y no se ponen de acuerdo, en general alguno de los actores sociales voluntariamente solicita la mediación del gobierno en el conflicto. El mediador debería asumir una posición de neutralidad e imparcialidad en su rol, proponiendo fórmulas equilibradas y razonables, que no transmitan que está del lado de uno de los contendientes.
Si en el curso de estos conflictos, el gobierno propone soluciones que favorecen o apoyan la propuesta de uno de los sectores sin fundamento alguno, en los hechos termina actuando como árbitro parcial y no como un mediador imparcial. El mediador tiene que proponer distintas soluciones, basadas en criterios objetivos y no ideológicos.
En algunos conflictos en los que ha participado el gobierno, resulta clara la inclinación hacia la propuesta de los trabajadores. Por ejemplo, frente a un despido fundado y legítimo adoptado por el empleador (inconducta laboral del trabajador), éste se vio obligado a aceptar la propuesta del gobierno de dejar sin efecto el mismo y enviar al trabajador al seguro por desempleo por la causal de suspensión, con el fin de lograr paz laboral. Esta es una utilización no legal de dicho seguro, que solo está previsto para atender una situación de desempleo forzoso y no para ganar tiempo para seguir negociando en un conflicto instalado.
Para evitar estos riesgos, mi propuesta es crear por vía de ley, un órgano independiente del gobierno, que brinde servicios de conciliación/mediación y arbitraje voluntarios. Este instrumento existe con éxito, por ejemplo, en el Reino Unido. Este servicio profesional estaría disponible tanto para relaciones laborales del sector público como del sector privado.
Este órgano se financiaría con aportes mínimos del gobierno y de los actores sociales y sería dirigido por un Comité Ejecutivo independiente, cuyos directores serían designados por una Comisión Parlamentaria, en base a los currículums vitae que se presenten ante un llamado abierto. De esta forma, se aseguraría que los directores designados no representarán los intereses de ninguna de las partes o del gobierno.
Este servicio técnico estaría conformado por expertos seleccionados por el Comité Ejecutivo, en base la experiencia que acrediten en la aplicación de técnicas profesionales de negociación y de mediación en conflictos. Así se garantizaría que los conflictos colectivos laborales se solucionen por criterios técnicos y no por criterios políticos del gobierno de turno.