Visión de los partidos políticos sobre las relaciones laborales

Los partidos políticos tienen una visión diferente sobre el estado actual de las relaciones laborales. Para el partido de gobierno todo funciona muy bien y lo que se necesita es profundizar el modelo y seguir reconociendo derechos. Para los partidos de la oposición, las relaciones laborales no están equilibradas, y se necesitan ajustes y nuevas regulaciones.

El partido de gobierno Frente Amplio no ve nada que haya que revisar en las relaciones laborales, y no advierte problemas. Su línea es seguir promoviendo la libertad sindical, fortalecer el diálogo social y ampliar los contenidos de la negociación colectiva. El objetivo es desarrollar el trabajo decente, con mayor distribución de riqueza[1].

En cambio, los partidos de la oposición tienen  una visión crítica sobre el funcionamiento de las relaciones laborales. Sostienen que hay desequilibrios producto de medidas del gobierno que favorecieron al sector sindical. Fue así que se generó una desconfianza en el sistema, por falta de reconocimiento de los derechos constitucionales y legales. El caso más visible fue la legitimación de las ocupaciones de los lugares de trabajo por vía de Decreto.

Algunos  partidos de la  oposición proponen restablecer el equilibrio entre los actores sociales, y ponen el foco en el rol del  gobierno, que debe actuar en forma razonable y ecuánime, respetando los derechos de empleadores y trabajadores. Por tanto, se propone un cambio sustancial respecto del rol a cumplir por el gobierno en las relaciones laborales.

El Partido Nacional advierte que en los últimos años se ha alterado el necesario equilibrio que debe guardar el gobierno en el sistema de relaciones laborales[2]. Ante ello, entiende que la misión del gobierno será restablecer la confianza, reciprocidad y equilibrio entre los actores sociales.

El gobierno tiene que escuchar a los actores sociales, actuar con razonabilidad y equilibrio, sin perjudicar a ninguno de ellos. De esta forma se legitimará al sistema, que hoy está resentido[3]. El gobierno debe asegurar que se respeten los derechos constitucionales y legales, con el fin de lograr certezas y seguridad jurídica.

Se debería tender a un modelo de relaciones laborales de tipo colaborativo. Para ello, el gobierno debería fomentar el diálogo social y la negociación colectiva, donde el conflicto tendría que ser la última opción, y no la primera reacción ante cualquier diferencia. En este sentido, se promoverá un procedimiento general de prevención y solución de conflictos, donde se privilegie el diálogo, como alternativa al conflicto abierto[4].

El Partido Colorado coincide con este diagnóstico y la necesidad de cambiar algunos aspectos del modelo actual. Sostiene que las relaciones laborales uruguayas están caracterizadas por la desconfianza de los interlocutores sociales y la presencia de rigideces del sistema[5].

Se aspira a tener relaciones laborales que respeten los derechos de los actores sociales y la Constitución, partiendo de un sistema equilibrado y ordenado, que brinde certeza jurídica a todos los participantes. Un sistema ágil y honesto, en el que la válvula de escape deje de ser la pérdida de puestos de trabajo[6].

El objetivo es una modernización del sistema de relaciones laborales, que amplíe los derechos de los trabajadores y que, a su vez, no tenga como resultado la destrucción de puestos de trabajo[7]. Se entiende que la negociación colectiva es el vehículo para resolver las diferencias en las relaciones laborales, organizar el trabajo y fijar las remuneraciones de los trabajadores[8].

Estos dos partidos coinciden en que se debe restablecer la confianza en el sistema. El gobierno debe restaurar el equilibrio entre los actores sociales y garantizar el respeto de los derechos de todos. Se coincide en que la negociación colectiva debe ser el medio de negociar las condiciones de trabajo y de prevenir y solucionar los conflictos laborales.

El Partido Independiente entiende que las relaciones laborales han sido bastante fraccionadas y que el partido de gobierno ha inclinado la balanza sistemáticamente hacia las posiciones defendidas por las organizaciones de trabajadores[9]. En esto coincide con el diagnóstico de los Partidos Nacional y Colorado en lo que refiere a que el sistema laboral no está equilibrado.

Afirma que como consecuencia de este desequilibrio, se incrementaron los costos salariales de las empresas, a tal punto que optan por automatizar, o incluso por no crecer, antes que contratar nuevo personal[10]. Entiende que esta conducta de las empresas puede no deberse a un marco regulatorio excesivamente duro, sino más bien a unas prácticas sindicales más consustanciadas con la lucha de clases, que con lograr mejoras reales para los trabajadores[11].

El Partido Cabildo Abierto parte de la afirmación de que es necesario democratizar los derechos laborales. En esta línea, propone regular la huelga, derogar el Decreto sobre ocupaciones, cumplir con las recomendaciones de la OIT sobre negociación colectiva, autorizar la negociación por empresa en ciertos subsectores, y regular las organizaciones sindicales[12].

El Partido de la Gente afirma que promoverá relaciones laborales fundadas en la cooperación. En este sentido, propone legislar sobre varios temas de las relaciones laborales colectivas, en lo que refiere a las organizaciones sindicales, a la huelga, no aceptar la ocupación, ir hacia un modelo de negociación por empresas y no por sectores de actividad[13].

En síntesis, el partido de gobierno se opone a realizar cambios en el modelo actual de relaciones laborales que lo flexibilicen. Por el contrario, aspira a introducir más mejoras, que impliquen reconocimiento de más derechos.

Los partidos Nacional, Colorado e Independiente ven problemas de falta de equilibrio en las relaciones laborales, y por ello, proponen ajustes al modelo en varios ítems con distintos énfasis (rol del gobierno, negociación colectiva, ocupaciones de lugares de trabajo, prevención y solución de conflictos, entre otros).

Los partidos Cabildo Abierto y de la Gente proponen una regulación detallada sobre varios institutos de las relaciones colectivas laborales (organización sindical, negociación colectiva, huelga, ocupaciones, prevención y solución de conflictos).

En las próximas entregas analizaremos estos aspectos y las propuestas concretas.

 

 

 

 

[1] Bases Programáticas 2020-2025, pág. 129

[2] Programa de gobierno 2020/2025, pág. 33.

[3] Programa…, ob. cit., pág. 33.

[4] Programa…, ob. cit., págs. 33 y 34.

[5] Programa de Ciudadanos (Talvi). pág. 94.

[6] Programa…,  ob. cit., pág. 95.

[7] Programa…, ob. cit., pág. 94.

[8] Programa…, ob. cit., pág. 94.

[9] Programa de gobierno 2020-2025, pág. 97.

[10] Programa…, ob. cit., pág. 97.

[11] Programa…, ob. cit., pág. 97.

[12] Programa Cabildo Abierto 2020-2025, pág. 64.

[13] Programa de gobierno 2020-2025, pág. 22.