Fondo de Reconversión Laboral e INEFOP (2)

El Fondo de Reconversión Laboral (Fondo) e INEFOP necesitan reformas. Por un lado, que el Fondo recupere los recursos que le fueron quitados y que deje de financiar actividades ajenas a la capacitación profesional. Por otro lado, el INEFOP debe reestructurarse como institución para bajar costos operativos, y que estos ahorros se vuelquen al Fondo para financiar la capacitación y recapacitación profesional.

En cuanto al Fondo, debería modificarse la Ley que le retaceó recursos. Debería dejarse sin efecto ña rebaja del aporte de los trabajadores y el desvío de una parte del aporte que hacían los empleadores hacia el Fondo de Insolvencia Patronal. Este último es improductivo, tiene acumulados un equivalente a casi dos millones de dólares y está fondeado en pesos uruguayos sin ningún mecanismos actualización e inversión.

En primer lugar, propongo que el aporte al Fondo vuelva a ser del 0,25% mensual, aplicado sobre las remuneraciones, y que este aporte se divida en 0,125% cada uno entre empleadores y trabajadores, tal como era en los inicios del Fondo.

Los empleadores dejarían de aportar al Fondo de Insolvencia Patronal. Este Fondo de Insolvencia conservaría el capital acumulado, el que debería convertirse a Unidades Reajustables (esto es, una variable que se ajusta periódicamente), que sería suficiente para atender alguna situación de insolvencia que hoy no se avizora. A estos efectos debería modificarse la Ley que regula este Fondo en el sentido que mencionamos.

En segundo lugar, también debe modificarse la Ley con el fin de que el Fondo deje de financiar la formación en negociación colectiva. Consideramos que ésta es necesaria, pero deberían ser los propios actores sociales con sus recursos, los que deberían asumir este costo. Otro aspecto a modificar es que el Fondo deje de financiar emprendimientos productivos, que nada tienen que ver con la formación  profesional.

En tercer lugar, el INEFOP debería reducir el número de miembros a tres, como era originalmente: uno del gobierno, otro de los empleadores y otro de los trabajadores. El costo de la participación de estos delegados en el Consejo Directivo debería ser asumido por el gobierno y las organizaciones respectivas, eliminando el aporte del Fondo para financiar los sueldos de estos directores.

En cuarto lugar, se debería examinar si la estructura de personal del Fondo está o no sobredimensionada en cuanto al número de funcionarios y remuneraciones pagadas. Debería examinarse si es posible practicar una política de ahorro de recursos, que liberaría dinero en beneficio del Fondo.

En síntesis, el Fondo debe recuperar recursos que le fueron quitados y disminuir otros gastos que se le fueron acumulando por vía de la Ley. Debería reestructurarse el órgano directivo disminuyendo sus integrantes, sin que el Fondo asuma el costo de sus remuneraciones, y además analizar la estructura de personal contratado.

Con estos cambios, entendemos que el Fondo debería cubrir su déficit acumulado en dos años de 20 millones de dólares, y pasar a ser superavitario. De esta forma podrá tener un mayor alcance en la capacitación y recapacitación laboral de los trabajadores, de forma que se puedan reinsertar en el mercado de trabajo.

Hay cerca de 60.000 personas que perdieron su trabajo en los últimos cinco años, que necesitan recolocarse en la actividad productiva nacional. Los recursos del Fondo aumentados, pueden cumplir con este propósito, que requiere una urgente solución.