¿Cómo se protege el salario en Uruguay?(4)

Uno de los aspectos que preocupa al trabajador, es que se le garantice el cobro de su salario y otras prestaciones legales, en caso de insolvencia del empleado. En este sentido, Uruguay aprobó una Ley de Concursos y además, creó un Fondo de Insolvencia Patronal, que se activa si se dan determinadas condiciones.

La Ley de Concursos incluye varias disposiciones relativas a la protección de los créditos laborales ante la insolvencia del empleador. La más importante es que reconoció un privilegio general de primer orden para los créditos laborales devengados hasta con dos años anteriores a la declaración del concurso. Este privilegio tiene aplicación hasta un monto de 260.000 UI (doscientas sesenta mil unidades indexadas) por trabajador.

La Ley consagra un instituto novedoso llamado pago anticipado. Se establece que una vez declarado el concurso y si se cumplen ciertos requisitos, el síndico o interventor, previa autorización judicial, deberá disponer el pago anticipado de los créditos laborales de cualquier naturaleza que se hubieren devengado y no estuvieren prescriptos.

Estando ya en la etapa de liquidación de la masa activa, la Ley prevé que se pueda vender en bloque la empresa en funcionamiento. La empresa se subastará mediante un proceso licitatorio. Existe la posibilidad legal de que los trabajadores de la empresa subastada, que se constituyan en cooperativa o sociedad comercial, puedan formular ofrecimientos, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Este ofrecimiento tendrá preferencia por sobre los restantes oferentes en caso de igualdad de condiciones propuestas.

En caso que no se logre la venta en bloque de la empresa en funcionamiento, la Ley prevé que estando en riesgo el cobro total de los créditos laborales privilegiados, el Juez, previa vista al síndico, podrá designar un depositario de los bienes de la empresa, confiriendo facultades de uso precario de los mismos, a una cooperativa de trabajo, que se constituya con la totalidad o parte del personal.

Hay una norma excepcional que trata el caso de abandono de la empresa. Se establece  que cuando existan exclusivamente acreedores laborales y el deudor no se hubiera presentado a promover su propio concurso, la cooperativa de trabajadores u otra modalidad empresarial que éstos determinen, podrá solicitar que en forma provisional sea designada depositaria de los bienes de la empresa, con facultades de uso precario. Esta autorización de uso precario podrá ser definitiva si se dan ciertas condiciones.

Otro mecanismo de protección de los créditos laboral ante la insolvencia del empleador, fue establecido a través de la creación de un fondo de garantía de créditos laborales en el ámbito del Banco de Previsión Social. Este fondo comenzó a recibir recursos a partir del mes de cargo enero de 2019.

Este fondo  cubre la insolvencia del empleador bajo  ciertas circunstancias y es de financiación patronal. Este régimen comprende a todos los trabajadores de la actividad privada y alcanza a ciertos créditos laborales con algunas limitaciones.

La Ley entiende por insolvencia del empleador cuando en el proceso concursal previsto en el Código General del Proceso (Título VII, arts. 452 a 471) o en el proceso concursal regulado en la Ley 18.387, se haya aceptado o rechazado el concurso, y el trabajador no hubiere visto satisfecho su crédito laboral. Es decir, que este Fondo que se crea se activa en caso de insatisfacción de pago de los créditos laborales de los trabajadores.

Estos créditos laborales deben ser previamente verificados, ya sea dentro del procedimiento concursal o a través de una sentencia firme dictada por la justicia competente en materia laboral.

La cobertura de los créditos laborales insatisfechos tiene ciertos límites. Se establece que los créditos laborales se garantizarán hasta por un monto máximo equivalente a 105.000 UI (ciento cinco mil unidades indexadas). En caso que los trabajadores hayan cobrado créditos laborales por el procedimiento de pronto pago regulado en la Ley de Concursos, imputarán dichas sumas al límite máximo mencionado.

La Ley prevé que el Banco de Previsión Social abonará al trabajador la prestación prevista en la norma, siempre y cuando acredite en forma la insolvencia del empleador conforme al concepto mencionado y la verificación de los créditos por alguna de las vías ya referidas.

En cuanto a los recursos del Fondo de Garantía, la Ley crea una contribución especial de seguridad social de 0,025% a cargo del empleador, la cual se aplica sobre las retribuciones que constituyan materia gravada para la seguridad social.